2017 ha comenzado, no podía ser de otra manera con este Gobierno, con un mercado interno donde se mantiene la recesión, con una inflación anualizada del 41%, quebrantos empresarios, despidos y suspensiones, tanto en el sector público como en el privado: educación pública y privada, textiles, metalúrgicos, seguros, petroleros, comercio, gráficos, curtidores, construcción, alimentación, minería, cerámica, calzado, automotriz, electrónica, seguridad, gastronómicos…
CON DESPIDOS NO HAY DIÁLOGO
Como siempre advertimos, estos despidos demuestran que no hubo ni habrá diálogo real con esta política económica. El denominado “Diálogo por la producción y el trabajo” ha resultado una pantomima, disfrazada con insuficientes paliativos, destinada a ganar tiempo para proseguir un ajuste salvaje, exigido por los grandes grupos económicos y financieros, que recae fundamentalmente sobre los trabajadores del sector formal y de la economía popular.
Así lo indican:
• las presiones para imponer topes a las actualizaciones salariales y la negociación a la baja de los convenios colectivos de trabajo, los anuncios de flexibilización de la legislación, de precarización laboral como las pasantías, de rebaja de contribuciones patronales a la seguridad social que son salario diferido de los trabajadores;
• los anuncios de nuevos aumentos de los combustibles, de las tarifas de luz, de gas, de agua, teléfonos, de ABL, de patentes, de transporte;
• la eliminación de la devolución del IVA por compras con tarjeta de débito, que afecta sobre todo al consumo interno, mientras se mantiene la rebaja o eliminación de retenciones a las exportaciones agrarias o a la minería;
• los anuncios de mayor apertura de las importaciones en detrimento de la producción nacional;
• una desembozada reducción de los derechos previsionales.
ESTA POLÍTICA ES INVIABLE
Todo ello en un contexto internacional que se sabía crítico, aunque el Gobierno recién quiso anoticiarse cuando se confirmó el triunfo del Sr. Trump como Presidente de los Estados Unidos. El hecho complica y encarece la colocación de deuda para sostener esta política inviable que instaló en nuestro país un déficit fiscal entorno del 10% del PIB y que, acompañada de un déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, necesita imperiosamente de crédito externo.
Empeñado en obtener ese crédito, por exigencia de conglomerados financieros transnacionales a los que están vinculados sus ministros, ha eliminado el plazo mínimo de permanencia en el país para las inversiones financieras extranjeras, alentando al capital especulativo a ingresar sin restricciones.
HABILITAN LOS GOLPES DE MERCADO
Se habilita así para que -en el momento que indique su “humor”, sea para realizar ganancias, sea para tener garantías de huída en el momento del inevitable quebranto- los prestamistas puedan decidir una salida abrupta de fondos presionando el tipo de cambio hacia una devaluación que se trasladará a precios.
Es una decisión criminal, que abre paso a los “golpes de mercado”, más si se tiene en cuenta que, previamente, otorgaron a los exportadores un plazo de hasta cinco años para liquidar las divisas provenientes de las ventas externas.
BUSCAN UN MODELO DEPENDIENTE
No se piense que el Gobierno no sabe a dónde va. Sí que lo sabe, por ello reprime y planifica una escalada violenta e ilegal contra la protesta social, como lo demuestra la exhortación presidencial a su subordinado Jefe de Gobierno porteño para que este año tenga “un comportamiento distinto y termine con los piquetes”. Por ello se reiteran las maniobras para desorganizar y fragmentar al movimiento nacional y popular.
Por este camino, más temprano que tarde, entraremos en una situación de mayor destrucción del entramado productivo y una ingente acumulación de deuda que será muy difícil de revertir.
Se busca un modelo de país dependiente de los grandes conglomerados empresarios locales y transnacionales. Buscan quebrar a la Argentina para someterla. Por ello, siguiendo la lógica de esta política económica se busca deconstruir, reducir, reestructurar, los sistemas educativo, de seguridad social, científico, la política nacional de relaciones exteriores -como se comprueba en relación a Malvinas-, la política de derechos humanos, el papel de las fuerzas armadas y de seguridad, condicionar la soberanía nacional y popular.
Por lo expuesto reiteramos: URGE UN PLAN DE ACCIÓN
1) Tal como sucedió tras el veto presidencial a la ley de emergencia ocupacional, los despidos ocurridos desde noviembre ppdo. cuando en el marco del supuesto “Diálogo para la producción y el trabajo” se suscribió un acta donde los empresarios se comprometieron a evitar despidos hasta marzo de 2017. Como la realidad dice y representantes de la CGT denuncian este compromiso no se cumplió.
Es la segunda vez que esto ocurre, tampoco se cumplió un “acuerdo” similar de mayo de 2016, y más adelante el Sr. Macri, ratificando que no le importa ni respeta nada, vetó la ley de emergencia ocupacional sancionada por el Congreso.
Directamente o indirectamente más de 450.000 argentinos que han perdido su trabajo desde diciembre de 2015 sufren las consecuencias. El gobierno, los CEOS empresarios que lo integran, insisten en agraviar y comprometer con sus incumplimientos a la Confederación General del Trabajo. Más allá de diferencias, no podemos aceptar esto, debemos frenar el atropello a la clase trabajadora.
Para superar esta crítica situación es necesario un cambio de política económica. Es imprescindible que la Confederación General del Trabajo, participando a todas las organizaciones sindicales sin exclusiones, decida con urgencia sobre un programa y un plan de acción que unifique los reclamos y las luchas que los distintos sectores del movimiento obrero argentino están llevando adelante en todo el territorio nacional.
2) En el mismo sentido, atento a las elecciones del presente año, hay que trabajar con seriedad y dinamismo, deponer mezquinos intereses partidarios o personales, para constituir un Frente Nacional y Popular, alrededor de ese programa que debe ser claro y definido, con compromisos concretos, con disposiciones adecuadamente planificadas. Esto último es nuestra exigencia irrenunciable. Que esto quede en claro pues tenemos memoria, no aceptaremos que el Movimiento Sindical sea excluido a la hora de las grandes decisiones nacionales. Siempre que esto ocurrió, más tarde o más temprano, el Pueblo fue derrotado.
Nuestros afanes no son partidistas, antes que las listas importan preservar los intereses nacionales y las mayorías populares.
Sobre estos puntos no dudamos en parafrasear a Juan Perón: “quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan… nuestra causa es la del Pueblo Argentino”. No lo hacemos por grandilocuencia. Lo hacemos porque son los trabajadores, los suspendidos, los despedidos los que deben ser escuchados, siendo “sabio y prudente” corregir el rumbo si alguien se ha equivocado.
El problema es la política económica. No hay opción, o cambia la política económica o la Argentina quiebra.
A tales fines la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT reivindica su propio Programa, y considera urgente:
• Promover un acuerdo multisectorial para determinar medidas que permitan la reactivación del mercado interno y definir un Plan de Desarrollo.
• El perfeccionamiento de la emergencia social, declarando la emergencia ocupacional prohibiendo por el plazo de un año los despidos.
• Inmediatas medidas de protección del trabajo nacional, suspendiendo inmediatamente las importaciones de todos los productos que puedan producirse en el país.
• Remoción de las imperfecciones en la formación de precios.
• Rechazar cualquier reforma a la baja de la legislación laboral.
• Intervención por el Congreso del Banco Central de la República Argentina e inmediata suspensión del proceso de desregulación de la actividad financiera que llevan adelante sus actuales autoridades.
