“Solicitada publicada el domingo 14 de diciembre en los diarios Página 12 y Clarín”
Ni MONOPOLIOS MEDIATICOS, NI MONOPOLIOS TELEFONICOS CONVERGENCIA SIN DESTRUCCION DE 20.000 PUESTOS DE TRABAJO
Se debate en el Congreso el proyecto de Ley “Argentina Digital” presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación en el que se propone modificar la regulación de las telecomunicaciones. En la fundamentación de la ley se pretende mejorar la conectividad de los argentinos promoviendo un mercado en competencia que garanticen precios razonables y calidad de los servicios, ampliando de esta forma el derecho a la comunicación de todos los argentinos. Este apreciable objetivo, a nuestro entender, no se cumple en el articulado que tiene media sanción del honorable senado porque no tiene las previsiones necesarias de protección a miles de puestos de trabajo de las empresas de televisión por suscripción.
La Ley propone, entre otras cosas, levantar la prohibición que hoy tienen las empresas telefónicas de brindar servicios de comunicación audiovisual, pero a pesar de incorporar en el tratamiento de senadores una correcta idea de gradualidad, no resuelve una protección efectiva a la industria de la televisión por suscripción que hoy contiene 20.000 trabajadores y miles de voces a lo largo y ancho del país.
El mercado completo de las telecomunicaciones en argentina según el resultado de los balances del año 2013, que incluye la telefonía fija, móvil, internet y televisión paga, es el siguiente:
En tres empresas, Telefónica, TELECOM y TELMEX se concentra el 83% de la facturación. Las tres son de capital extranjero y de estructura trasnacional siendo las dos primeras beneficiarias de la privatización de ENTEL para la explotación de la red pública argentina por 99 años. Este resultado económico es con la actual restricción a brindar TV.
En cuatro empresas de televisión paga, Cablevisión, Direc TV, Supercanal y Telecentro, se distribuyen el 10% de la facturación, repartiéndose el restante 7% en cerca de un millar de empresas Pymes y cooperativas. Las cableras se encuentran habilitadas “en teoría” a brindar telefonía desde el año 2000.
Notamos cambios muy importantes entre el primer texto del proyecto y el que se voto el miércoles en senadores. Hay incorporaciones muy satisfactorias y otras, que estando planteadas en la dirección correcta, quedan enunciadas en la letra de la ley pero no resueltas.
Entendemos imprescindible que el texto que apruebe el Congreso tenga cláusulas que dispongan claramente la manera en que Argentina debe resolver el empalme del mercado de las industrias telefónicas con el de la televisión previniendo que un mercado no se degluta al otro.
Propusimos en nuestro aporte al cuerpo legislativo, que la regulación permita a las telefónicas participar del mercado de TV cuando los actuales monopolios cedan de manera efectiva un 25% de la telefonía. Esto permite incentivar la competencia, promueve las inversiones y en consecuencia mejora los servicios.
Si no se garantiza la competencia efectiva de los cableros y cooperativas en el mercado de telefonía previo a levantar la veda a las telefónicas, se estará ante el enorme riesgo de la desaparición de la industria del cable en la argentina con dos graves consecuencias: la destrucción de 20.000 puestos de trabajo y la concentración total en manos de las empresas telefónicas trasnacionales de los servicios de comunicación audiovisual por suscripción. Estos tienen una escala planetaria y facilidades para acceso a divisas, tecnología, publicidad, capacidad de oferta y compra de programación, inaccesibles
para la industria nacional de la televisión.
Cuando las legislaciones que regulan la convergencia en el mundo no garantizan que las redes alternativas tengan oportunidades de competir frente a los gigantes telefónicos, con el fin de asegurar precios, servicios y pluralismo, el mercado más grande absorbió al más chico.
El SATTSAID solicita a los diputados que tienen que decidir tan importante legislación para el futuro de Argentina, incluyan esta consideración para procurar alcanzar una regulación moderna que aporte mejoras en los servicios a los usuarios, garantice el trabajo y controle a los monopolios.
Lo logramos en la ley de medios, podemos hacerlo también en las telecomunicaciones.
