El gobernante Frente Amplio de Uruguay impuso ayer su mayoría en la Cámara de Diputados y, en una fuerte muestra de identidad y cohesión interna, convirtió en ley el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual, un instrumento con el que pretende “establecer la regulación de la prestación de servicios de radio, televisión y otros incluidos dentro de la llamada comunicación audiovisual”, con criterios de “pluralismo, diversidad e interés público”, junto con la “no discriminación”.
La ley fue aprobada con el voto de 50 de los 75 diputados presentes. Ahora, el ejecutivo cuenta con 120 días para reglamentarla. El texto había recibido media sanción de la Cámara Baja a fines de 2013, pero la semana pasada el Senado le introdujo algunas reformas que obligaron a que volviera a la cámara de origen. La iniciativa, que fue elogiada entre otros por el ex relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, entiende “por servicio de comunicación audiovisual a aquel que proporciona una oferta estable y permanente de señales de radio o televisión”.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 4 de la ley, quedan sujetos a sus disposiciones “los titulares de servicios de comunicación audiovisual establecidos en Uruguay; los titulares de señales de radio o televisión que se encuentren transitoriamente establecidos en Uruguay o cuyas señales o servicios sean difundidos por los servicios incluidos en los literales del mismo artículo y los titulares de servicios de comunicación audiovisual no establecidos en Uruguay que comercialicen sus servicios de manera parcial o total en el territorio nacional”.
Con la norma, el Estado apunta a “garantizar el acceso universal, así como el uso de los servicios de radiodifusión abierta y gratuita de radio y televisión como parte de una estrategia integral para lograr el objetivo de asegurar la inclusión social de toda la población y el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República”.
Además, declara de interés público a los servicios de comunicación que “constituyen uno de los principales medios de información social, permiten el ejercicio del derecho a comunicar y a recibir información para el ejercicio pleno de la libertad de expresión de la ciudadanía, la difusión de valores como la identidad y la diversidad cultural y el apoyo a la educación, componiendo un sistema esencial para promover la convivencia, la integración social, la igualdad, el pluralismo y los valores democráticos”.
La ley destaca que “la potestad del Estado de regular los servicios de comunicación audiovisual debe entenderse en el marco de su obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas”. Luego asegura que “el ejercicio de las facultades del Estado frente a los medios de comunicación debe hacer posible el más amplio, libre e independiente ejercicio de la libertad de expresión y nunca será utilizado como una forma de censura indirecta”.
Entre otros puntos, el texto aprobado se refiere a la titularidad de los medios y busca evitar los monopolios y oligopolios; propone que los propietarios de medios paguen un canon por el uso del espectro; establece multas de distinta entidad por infracciones; impulsa la producción nacional y limita la emisión de imágenes violentas. La norma, además, limita la publicidad a un máximo de 15 minutos por hora y establece un nuevo horario de protección al menor, entre otros aspectos que quedarán fijados luego de la reglamentación de la misma.
El presidente José Mujica se había expresado a favor de la ley durante una entrevista radial emitida justo cuando la norma entraba a consideración del Senado. Entonces expresó que “la peor amenaza es que todavía venga alguno desde afuera y se termine apropiando de estos medios. Más clarito: yo no quiero que Clarín (grupo mediático argentino), O Globo (grupo brasileño) o (Carlos) Slim (empresario mexicano) se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay”.
Fuente: Tiempo Argentino
