La Comisión de Derechos Humanos del SATSAID realizó el encuentro con la titular de CORREPI en la sede nacional, transmitido en vivo a todas las seccionales del país.
La Comisión de Derechos Humanos del SATSAID realizó, el miércoles pasado, una charla-debate abierta con la abogada y referenta de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú, en la sede nacional del sindicato, en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro, coordinado por el compañero Alejandro Ruíz, se realizó a dos días de conmemorarse el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional (8 de mayo) y contó con la participación presencial de delegados y delegadas del AMBA y de más de 200 compañeros y compañeras siguiendo las trasmisión en vivo desde las distintas seccionales del país.
La compañera Verdú es la fundadora de CORREPI, una organización que, desde 1992, trabaja en la denuncia, movilización y litigio contra la violencia del Estado, articulando el ejercicio jurídico con el compromiso político y social. Práctica forjada durante la última dictadura cívico-militar y consolidada en democracia. Es una referente ineludible en la denuncia constante de violaciones a los Derechos Humanos de nuestro país.
Al comienzo del encuentro, el compañero Ruiz dio la bievenida a los y las presentes, y a aquellos y aquellas que seguían la actividad a distancia, y señaló: “Sabíamos que este modelo no cierra sin represión”. Advirtió además que el protocolo antipiquetes instaurado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, venía a legitimar ese accionar.
Por su parte, al hacer uso de la palabra, Verdú subrayó la importancia de fortalecer los vínculos con organizaciones de la sociedad civil para comprender los recaudos necesarios en un contexto atravesado por políticas represivas. En ese marco, planteó que el país atraviesa un cambio de régimen caracterizado por la suspensión de derechos y garantías. A través de la Ley Bases y el Decreto 70/23, se estaría reponiendo la doctrina de seguridad nacional que precedió al Plan Cóndor, mediante el cual Estados Unidos coordinó las dictaduras en América Latina durante las décadas del 70 y 80. Asimismo, advirtió que el Poder Ejecutivo modificó las facultades de las fuerzas federales de seguridad, habilitándolas para realizar tareas de inteligencia, vigilancia e infiltración.
El informe anual de CORREPI, presentado como referencia central en la actividad, da cuenta de un aumento de la violencia institucional en Argentina. Según el documento, durante el gobierno de Javier Milei, se multiplicaron las muertes a manos de fuerzas estatales. Verdú vinculó este incremento con reformas y medidas oficiales que habrían debilitado derechos y garantías, generando un contexto más represivo.
El relevamiento actualiza además el archivo histórico de casos desde 1983, sistematizado desde los años noventa frente a la negación estatal de estas problemáticas. La CORREPI sostiene que se registra un avance de políticas represivas, con mayor uso del gatillo fácil, más muertes bajo custodia y un retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Entre los aspectos más preocupantes, la compañera Verdú señaló el endurecimiento de las detenciones en el marco de protestas sociales, la utilización de herramientas informáticas adquiridas a países con altos niveles de control represivo para la identificación de personas, y la creciente criminalización de la protesta. Este escenario configura una situación de “libertad controlada”, en el marco de un Estado policial, donde manifestarse se vuelve inviable o directamente es considerado un delito.
Asimismo, se advirtió sobre mecanismos de control social orientados a disciplinar, especialmente a los sectores más jóvenes, en un contexto donde la baja de la edad de imputabilidad aparece como funcional, junto con el incremento de casos de gatillo fácil en esa franja etaria. El informe de CORREPI también destaca que la mayoría de las muertes ocurren en contextos de encierro y señala casos de femicidios cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad. La organización advierte que este escenario incluye la reactivación de protocolos más duros, el aumento de detenciones arbitrarias, la militarización de barrios, la persecución de la protesta social y ataques a trabajadores de prensa.
Frente a este panorama, se remarcó que la defensa de los derechos y la protesta siguen siendo herramientas fundamentales para transformar esta realidad, aunque en la actualidad requieren mayores cuidados, tanto en las movilizaciones como en la vida cotidiana en el espacio público.
La jornada concluyó con un intenso debate, en el que se intercambiaron recomendaciones, se aclararon derechos y garantías en caso de detención y se compartieron experiencias que reflejan situaciones cotidianas de abuso por parte de las fuerzas de seguridad.
