La Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, por una amplia mayoría de 241 votos, aprobó la ley que ratifica el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la eliminación de la violencia y acoso en el ámbito laboral. De esta manera, nuestro país es el tercero en el mundo en adherirse a este convenio internacional, aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2019, por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo.
La ratificación de este convenio, con fuerza constitucional, fue uno de los compromisos que asumió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la apertura sesiones de Congreso, el 1 de marzo de este año. El convenio que entrará en vigencia en junio de 2021 alcanza a trabajadores y trabajadoras –cualquiera sea su situación contractual– pero reconoce que las mujeres son las más expuestas a la violencia y al acoso laboral.
La norma contempla que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico, por lo que sus disposiciones abarcan las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante tecnologías de la información y la comunicación.
Al comienzo del debate, tomó la palabra la compañera diputada, Vanesa Siley, presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo y referente de la Corriente Federal de Trabajadores, que dijo: “Esto no hubiese sido posible si no hubiese existido la Red Intersindical contra la Violencia Laboral, conformada por más de 100 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras” y agregó que tampoco hubiera sido posible sin esas mujeres sindicalistas que lucharon a largo de los años.
El SATSAID, como integrante de la Red Intersindical contra la Violencia Laboral, ha apoyado y manifestado su compromiso por la ratificación del Convenio 190, a través de diferentes acciones y campañas de comunicación. Entre las acciones llevabas a cabo, se elaboró una encuesta nacional sobre esta problemática, que arrojó un diagnóstico general de la situación, que permitió la realización de un protocolo propio sobre violencia laboral, que fue citado como ejemplo en las intervenciones durante el debate parlamentario.
