Damian Loreti fue protagonista del proceso que impulsó la derogación de la norma de la dictadura militar, la 22.285, y la creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Congreso en 2009 y modificada por el actual gobierno vía el decreto de necesidad y urgencia 267. Loreti es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Ciencias de la Información. En su recorrido se incluyen la dirección de la carrera de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el rol de vicedecano de la misma facultad. Actualmente es profesor titular de la Cátedra de Derecho a la Información, asesora a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, a la Confederación Sindical de Trabajadores de los medios de comunicación y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y Caribe. Además es secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A horas de conocerse los 17 puntos que regirán el anteproyecto de la nueva ley de comunicaciones, en el que trabaja una comisión designada por el gobierno nacional, Loreti dialogó con ZOOM. En la charla repasó la implementación de la ley 26.522 durante el kirchnerismo, el camino recorrido sobre la regulación de medios en los últimos años y el primer semestre del macrismo en materia de comunicación.
¿Qué te parecieron los 17 puntos que regirán el anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes?
Hay una particularidad y es que asumen que son los que van a regir la ley, de lo cual se deduce que no habría cambios sustantivos en el planteo. El registro es un tanto dispar porque tienen cosas muy detalladas y otras muy ambiguas. Si bien prometen cuestiones de convergencia, en algunos lugares está perimido el criterio y por ejemplo solo se regula lo abierto. Faltan cosas sobre publicidad. Hay una carencia importante porque no aparece la palabra concentración, no aparece la palabra monopolio. Si bien está dicho el tema de la diversidad, el pluralismo y la competencia, en las reglas de competencia, ya lo dijo la Comisión Interamericana hace mucho tiempo, no alcanza. En el tema de la autoridad de aplicación se toman algunos estándares del sistema interamericano pero no todos. Falta la independencia de los grupos económicos. Y el dato central es que no queda claro qué son las comunicaciones convergentes. Esto es: si el objeto de la regulación son servicios o son acciones. Hay una cosa que está bien y es que se habla de operadores de las comunicaciones convergentes. Hay algunas cosas opinables como la regla que ante inminencia de trato discriminatorio se puede hacer una acción judicial. Eso se discutía mucho en Internet pero si aplica a todas las comunicaciones convergentes, se podrían pedir medidas cautelares contra los medios abiertos. Falta criterio de gobernanza de los medios públicos, porque lo que plantean está todo en los manuales pero faltan las reglas de cómo se van a administrar. Hay una mirada paternalista sobre los medios comunitarios. Y hay otro tema que es que dice que los operadores de los servicios de comunicación convergentes garantizarán la libertad de expresión y poner en manos de los privados la obligación de garantizar es toda una discusión. Estoy de acuerdo con que los derechos humanos no solo los garantiza el Estado sino que los medios tienen función social pero no creo que eso pase desapercibido en el debate. No hay obligación de contenidos mínimos infantiles como reclama UNESCO. No aparece la convención de diversidad cultural. En general, hay un registro muy desparejo. Hay cosas con las que estoy de acuerdo, otras con las que no y hay carencias teniendo en cuenta que es una comisión gubernamental y no es una expresión de la sociedad civil. Esto da a pensar que debería tener un estándar más fino que si fuera una iniciativa de la sociedad civil. Hablando de interés público una de las cosas que llama la atención en los principios es que las comunicaciones convergentes van a ser de interés público y no hay ningún registro de servicio público ni siquiera en relación a telecomunicaciones. Eso es digno de ser tomado en cuenta porque si estos son los principios que regirán la ley, desapareció el servicio público en telecomunicaciones.
¿Qué opinas sobre la autoridad de aplicación que se plantea en ese documento?
Ahí hay un modelo estilo IFT mexicano [Instituto Federal de Telecomunicaciones]. Una mirada muy profesionalista casi de autoridad regulatoria pero no dice que sea independiente sino que sea autónoma y autárquica. Hay todo un debate sobre si existen las instancias independientes adentro de la Constitución argentina. Una cosa es hablar de la independencia política y económica de la entidad y otra cosa es llamar autoridad independiente, que fue un tema cuando se discutió la ley de medios. Para algunos, con mucha lógica, en la división de poderes que plantea la Constitución lo único independiente es el poder judicial, ministerio público y procuración. Con lo cual lo que está claro es que quedará en el poder ejecutivo. Está claro que sería la autoridad última y no se recurriría ni al ministerio ni al ejecutivo lo cual va en contra de los DNU 13 y 267. Al mismo tiempo no aparece la frase, que sí tiene la relatoría, de garantía de independencia frente a los poderes corporativos.
¿Qué balance hacés del primer semestre de la comunicación macrista?
Hasta donde me consta todavía no se terminó de pagar la pauta. La multisectorial de defensa del trabajo y del audiovisual está literalmente en estado de emergencia porque se ha caído el trabajo de ficción, los despidos en el sector de prensa se cuentan de a miles. Esto no gira en el aire porque además hay una restricción del consumo, lo cual genera una retracción en el mundo de la publicidad. La posibilidad de la sociedad civil está borrada de un plumazo, los Fomeca [Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual] adjudicados no se han pagado. Se iba a reponer el consejo federal de acuerdo al 267, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo porque lo define el poder ejecutivo. Insisto, no estoy de acuerdo porque no está clara cuál es la conformación pero tampoco se hizo. Además tenés a la multisectorial del audiovisual reclamando que no hay trabajo. Tenés más latas extranjeras en el prime time de lugares que jamás pensamos que podían estar en el prime time. Con lo cual la situación es muy complicada. Así como se le retiró la obligación de pago a muchos, el prime time se podría poner para fomentar instancias de pluralismo si lo que realmente se quiere hacer es garantizar el pluralismo. Por lo que me cuentan el pago de la pauta del año anterior no está terminado. Mucho o poco los planes de negocio están sostenidos sobre eso.
Menos para los grandes medios.
Pero los grandes medios también está reclamando que falta plata. Había espacios de tiras que no se van a hacer. Si uno mira el artículo 85 del proyecto de blanqueo si no era la guerra contra el periodismo de investigación se le parecía bastante. Si mirás el decreto de Vidal otro tanto. Lo que cuentan de la Radio Nacional de Neuquén, que nada sale sin la venia de la directora, es complejo entenderlo como espacio de libertad de los medios públicos. Me preocupa pensar para qué la comunicación porque además se plantea, de la mano de echarle la culpa a la ley, que ahora se van a poder hacer cosas por la convergencia cuando la ley no impedía que hubiera un canal de televisión sobre Internet ni mucho menos. En ese plano se ve cómo se van angostando los espacios plurales. En Buenos Aires se ve poco, en el Interior se ve más. En una economía en expansión eso se ve más, en una economía que se achica uno no puede pensar que estamos ante una brochete de casualidades sino que va alineado. Al desaparecer el Consejo Federal desapareció el lugar en el que se hacían los listados de los eventos de interés relevante. Lo que vaya a ocurrir con el futbol está atado a eso. No es porque el modelo Fútbol para Todos, como se terminó implementando, sea el ideal. Para mí el ideal era el que se planeó y establecía que el Estado se hacía cargo de darle el dinero a la AFA y esto implicaba un contrato asociativo, ingresaban fondos pero esos fondos servían para fondear el Comité Olímpico. Por las razones que fueran se optó por otra cosa. Ahora hay que ver qué licitación se hace, cómo se garantiza la cobertura nacional universal.
Hasta el momento el Enacom viene funcionando sin representación de las provincias.
Es que no está previsto ni siquiera. Hay una idea de federalizar la autoridad de aplicación, que está bien, apartado del 267. Eso es interesante. Se ha puesto en consideración pública que es una legislación transitoria pero genera derechos adquiridos. Henoch Aguiar dijo “habrá que ver si no hay que hacer un nuevo 161”. Bienvenido sea pero están generando derechos, las compras producen eso. La reforma de la ley de no transferibilidad de la ley anterior se hizo de modo muy desprolijo porque permitió la situación de Radio América. Uno podría no estar de acuerdo con muchas de las cosas que pasaban en el gobierno anterior pero eso no valida que pase cualquier cosa ahora. Se ha generado una situación de concentración mayor de la que había. Las reglas de nuevas licencias generaran mayor concentración, no se ha llamado a ningún nuevo concurso lo cual marca que se han sentado arriba del espectro.
¿Cómo evaluás el trabajo de la comisión que está elaborando el anteproyecto de ley?
Tengo gente muy apreciada en ese equipo con los cuales he trabajado pero eso se verá cuando hagan el proyecto. Hay una diferencia importante entre el modo de consultar con la 26.522 y el actual. El proyecto se empezó a redactar sobre la estructura de los 21 puntos luego de reuniones de la presidencia de la Nación en casa de gobierno con distintos sectores: universidades, trabajadores, la coalición, radios, los sectores empresarios. La orden de empezar a escribir en base a eso se hizo después. Algunos dicen que eso fue poco transparente, lo que pasa es que las reuniones se hicieron antes y al más alto nivel y sin techo de 15 minutos. Eso es un nivel de registro muy importante. El resultado está previsto para abril del año que viene y hasta tanto no se vea qué es lo que sale lo único que hay hasta ahora son 17 principios y para mí no alcanza siendo una comisión de gobierno.
El kirchnerismo sacó un debate de la academia y llevó a la política de regulación de medios
No solo era un tema de la academia. Lo que pasa es que la academia tuvo una particular incidencia en cómo arrancó el debate en 2008 por la participación de la facultad de Ciencias Sociales en la reunión con Cristina, luego de la declaración a partir de las coberturas en el conflicto con las patronales agrarias. Lo primero que hace la presidenta es recibir a las autoridades de la Facultad de Sociales. Yo era vicedecano en ese momento y habíamos sacado un par de resoluciones en relación a pedir cambio de la ley, cosa que estaba en los programas de campaña del 2003 y 2007 del FPV. Además pedíamos la aplicación de un punto que estaba en el plan nacional contra la discriminación que era de 2006. Entonces no era solo desde la academia. Por lo menos desde 2004 pero también antes había un consenso de muchas organizaciones de la sociedad civil desde sindicatos que venían discutiendo desde el proyecto de Alfonsín del 85 del consejo de consolidación de la democracia, medios chicos, iglesias, las centrales sindicales, los organismos de derechos humanos. En 2009 las organizaciones llamadas de la sociedad civil, para distinguirlas de las llamadas de derechos humanos, llegaron a hacer una conferencia, en la que tuvo gran mérito Guillermo Mastrini, y en la que reclamaban sacar la ley de la dictadura.
El gobierno anterior retomó esa demanda de la sociedad civil, ¿qué creés que pasó con esos logros en este tiempo?
Primero hubo elecciones. Hay compañeros que se enojan porque el gobierno quiere cambiar la ley. A mí me parece elemental que un gobierno tenga su programa de comunicación. Cuando no lo tiene se lo ponen. La discusión es si cuando lo tiene se lo dieron, no soy ingenuo. Ahora, que un gobierno venga a proponer que quiere cambiar las reglas como lo dijo en la campaña forma parte de las reglas del juego. Esta ley tiene una particularidad porque, incluso las personas que participaron en el debate, están en el texto en las notas al pie. Creo que, nobleza obliga, tiene que haber un proceso de participación similar. Si uno mira la cantidad de entidades que formaron parte del expediente de la reglamentación de la ley, habla a las claras. Si la comisión alcanza para eso o no es un indicador. Cuando aparezca alguien que quiera hablar y la comisión no lo reciba cambiaremos el extremo del debate. Formalmente hay un pedido de acceso a la información que se cumplió y, a partir de ese pedido, se pusieron a disposición los textos de los debates y audiencias de las reuniones que se llevan a cabo. Ahora ¿con qué capacidad cuenta la sociedad civil para oponerse a un decreto? Gran parte del problema está en la ley de cautelares que es otra herencia del gobierno anterior bastante compleja porque si esto se hubiera logrado paralizar por fondo y forma el debate hoy sería diferente. Y vale agregar que hay dictadas medidas cautelares en primera instancia suspendidas por la apelación. La primera marcha que hubo contra medidas del gobierno aún sin ser tomada fue por este tema a Plaza de Mayo cuando se amenazó con cambiar la ley y salió el decreto 13. Después hubo varias. Es un tema que por definición no convocaba a nadie nunca. Formó parte de ese tema que no había clases y las universidades fueron actores importantes del debate. No creo que si las cosas se hubieran hecho mejor, esto hubiera cambiado. Porque uno puede pensar en la ley de deuda soberana y se le pagó a los fondos. Entonces esto forma parte del contexto. Uno no puede pensar la comunicación ajena al resto del proceso político. Digo ¿donde está la movilización cuando se expandió el alcance del impuesto a las ganancias? Tampoco hubo. No voy a opinar si es rápido o tarde en los tiempos de movimiento obrero pero recién el 29 de abril hubo una movilización de todas las centrales sindicales. Marchas contra el tarifazo hubo pocas y en algunos lugares no se visibilizaron, como en Comodoro Rivadavia. Entonces hay temas de registro, temas de multiplicidad de voces que se fueron cayendo, temas de organización, hay temas de herencia de la ley de cautelares y de contexto político. Se podría haber hecho más concursos, que es una de las deudas el gobierno anterior. Eso hubiera dejado más medios instalados con planes de negocios a futuro porque tenían licencias. Eso es bien importante pero eso no hubiera cambiado la idea de hacer el 267, que es un tema de tropelía institucional. Tal es así que el sistema interamericano lo dice en el último comunicado de las sesiones de abril y le recuerda al gobierno argentino la importancia del principio de no regresividad y que va a monitorear lo que se está haciendo.
Con respecto a la implementación de la ley, ¿qué otras cosas te parece que quedaron pendientes?
El proceso de adecuación fue asimétrico lo cual en enorme parte no es responsabilidad del Estado sino que la justicia paró eso. Hubo gente que regularizó su situación gracias a una regla de adecuación. Veníamos de una ley muy prohibitiva y había situaciones escondidas. La aplicación para los medianos y chicos generaban situaciones de asimetría todavía más grandes si no se le aplicaba al más grande. Eso lo sabe cualquier estudiante de economía política de la comunicación pero eso nunca se sinceró. Había también reclamos de los mismos trabajadores para que se aplicaran los procedimientos de aplicación. Tal fue el caso de Telecentro. Creo que las universidades no estuvieron a la altura, no se juntaron ni para hacer un boletín. Jamás se juntaron para poner una corresponsalía y tener una agenda propia de las noticias del poder central. Nunca armaron una red de corresponsalías. Creo que la TDA quedó frenada, no se supo cómo resolver eso. Empezó como una televisión de inclusión, lo cual fue magnifico pero creo que después solo una vez se le dijo al público “mire que si usted tiene un televisor que puede swichear y pone la antena, no hace falta comprar el conversor” y el conversor salía 6, 7 cuotas del cable entonces nadie iba a migrar de tecnología. Creo que hubo un tema de no saber salir del embudo de la necesidad de pantallas para las miles de muy buenas horas que se hizo producir. Ahí el problema fue el embudo de salida porque la propia UNESCO reconoce, en un documento por los 10 años de la convención de la diversidad cultural, que en la Argentina creció en el interior del país un 28 por ciento la producción propia y local y ya eso solo justifica la TDA. En el marco de todas estas cosas no estaba bien resuelto lo de Telefé. Por lo cual tampoco estoy de acuerdo con como se resolvió Fintech-Cablevisión- Telecom que la propia autoridad de aplicación dice que lo que usaron de fundamento fue el dictamen anterior. También creo que faltó exigirle a DirecTV el canal propio. Son fuentes de pluralismo y fuentes de trabajo.
¿Cómo te parece que quedó resuelto el tema de Clarín y su adecuación a la ley?
Es ostensible que quedó mal resuelto. Hay como tres tramos distintos: el problema de la concentración en la Argentina no era solo Clarín, era además multiplicar voces y eso quedó incipientemente lanzado, ya que de los 84 concursos algunos no se terminaron de adjudicar. Eso se lanzó en el 2011 y se empezó en el 2015. No creo que haya sido solo un problema del gobierno nacional no hacerlo. Imagino a los gobernadores preocupados en relación a los monopolios locales y la relación con ellos. En algunos sitios la aplicación de la ley permitió poner medios públicos locales y está muy bien que sea así. Por ejemplo, Mendoza con Acequia y el lanzamiento del canal santafesino. Hay algo no sabido que me enteré el otro día en La Pampa porque protestaban porque el Estado había tardado mucho en adjudicar la licencia de los cables a las cooperativas. Eso estuvo parado casi un año por una resolución judicial que suspendió el artículo 30 a pedido de un canal de cable. Eso no se capilarizó, no hubo reflejo. El tercer tramo del tema era si la ley era constitucional o no. Claro que la ley era constitucional y no afectaba la libertad de expresión. Lo que pasa es que le resultó funcional a demasiada gente plantear si la ley restringía o no la libertad de expresión cuando el debate era otro y era si afectaba intereses de situaciones de abuso de posición dominante. En cualquier lugar del mundo cuando tenés situaciones de abuso de posiciones dominantes eso se retrae y no solo en telecomunicaciones o radiodifusión, pasó hasta en la industria gráfica en Estados Unidos. Nunca hay derechos adquiridos indemnizables cuando se disminuye la situación de abuso de la posición dominante. Pero quedamos enfrascados en que todo era el tema Clarín cuando había que generar instancias nuevas de comunicación. Perdón el autobombo pero cuando salió la ley me preguntaban cuándo se iban a ver los efectos y yo decía en 5 años y me miraban como si fuera un astronauta. Decía que había que hacer un plan técnico nuevo y ese es otro de los pendientes, se tienen que hacer los concursos, se tienen que instalar, eso puede ser judicializado, hay que saberlo. Y después hay que instalar a los medios que tengan su plan de negocios y empiecen a funcionar y consigan estabilidad, todo eso lleva 4 o 5 años. Pero era tal el reclamo en serio de cambiar las reglas que se suponía que el cambio de reglas era el cambio inmediato.
En los últimos meses planteaste una teoría sobre como podía regularse la pauta oficial.
La publicidad oficial excede a los medios. El día que hablaba esto venía manejando con un compañero desde La Pampa y me preguntaba qué hacer con la pauta y cómo sostenerla con los medios abiertos en el interior del país. De repente nos enfrentamos con la parte de atrás de un colectivo que en la luneta trasera tenía ploteada la entrega del Documento Nacional de Identidad. Eso es publicidad oficial. Por eso no se puede pensar poner en una ley toda la pauta porque tiene que ver con cartelería urbana, con Internet asumiendo que Internet estaría regulado acá y hay que ver cómo, con medios que circulan en el extranjero. Por ejemplo publicitar Aerolíneas Argentinas tiene sentido en Buenos Aires, en el interior del país y también en el exterior. Entonces a la hora de pensar la pauta es muy complejo. No se puede pensar solo en función de la tirada de los diarios de Buenos Aires. Lo que hay que hacer es separar el pautado de publicidad oficial institucional, el de las empresas públicas y establecer una ley de subsidio al pluralismo. Por ejemplo las radios asociativas francesas tienen un porcentaje de sus gastos de funcionamiento asegurado. El FOMECA va en esa línea. Eso hace todo mas transparente y hace que una cooperativa que recién se inicia, como el caso de Tiempo Argentino, tenga cierta línea de flotación más alta o más baja asegurada. Acá falta volver a reglamentar el artículo 14 del estatuto del periodista respecto a si los medios o los periodistas deberían tener menos tarifas que pagar de los servicios públicos para el ejercicio de la actividad. El error en toda América Latina es no separar que son dos regulaciones distintas.
Con respecto al conflicto en Radio América, ¿qué puede hacer Enacom?
Yo no intervengo en el tema pero hasta donde sé los trabajadores denunciaron que, tras las ausencias reiteradas a las citaciones al Ministerio de Trabajo estando notificados y el abandono del lugar de trabajo por parte del empresario, el no pago de impuestos y no pago de los alquileres, se da la situación que el artículo 50 de la ley prevé que es el abandono de la prestación. Ellos pidieron por el artículo 50 que se nombrara un delegado que permitiera mantener la unidad productiva funcionando y eventualmente llamar a concurso. Eso no ocurrió. En el medio se da el debate si presentaron los papeles, cuándo presentaron los papeles, si (Mariano) Martínez Rojas es el dueño, no es el dueño… Acá hay dos cosas en paralelo: hacer una instrucción sumaria para ver qué está pasando en función de la explotación, detectado eso, si está abandonada la explotación cómo lo estuvo. Si hay un abandono de la prestación es un causal de caducidad de licencia. Previo a eso puede haber una unidad productiva organizada bajo el artículo 50 de la ley que fue prevista específicamente para eso, para no perder fuentes de empleo y de pluralismo en el marco de una eventual empresaria. Sobre el ataque habría que determinar con una resolución judicial quien es el responsable de lo que ocurrió. Radio América no es el primer caso en el que ocurrió esto. Había casos previos en Corrientes, en La Pampa hace mucho tiempo. La ley no preveía nada en este plano y la idea fue reparar eso y una actividad de interés público pudiera garantizar pluralismo y fuentes de trabajo.
Los funcionarios de Enacom hablan de convergencia y aseguran que la ley anterior era vieja. ¿Cuál es la experiencia internacional para regular la convergencia?
Cuando uno escucha que la ley anterior nació vieja porque no preveía la convergencia, yo repregunto el por qué y una de las cosas que dicen es: no estaban las telefónicas.
Eso sí estaba en el proyecto original. Tenían 13 condiciones para cumplir, 7 más que las que tenía Telmex para entrar en televisión en México. La política dio que no alcanzaban los aliados del Frente para la Victoria para apoyar eso. Además entraban en el negocio en las condiciones en las que entraban los cableros, o sea con control de concentración, obligación de señal propia, etc. Ahí faltó un tema de perspectiva histórica de cómo se iban a integrar al mercado del video on line de un modo pautado y además cediendo parte de su escala de negocios.Cuando repreguntas que otra cosa faltaba, te dicen Internet y ahí hay un problema ideológico, no partidario. Lo que se hacía era regular una actividad independientemente del soporte entonces si uno quería hacer televisión lineal, si la hacía por Internet, se tenía que registrar cual si fuera una señal de contenidos, con lo cual la ley no te impedía hacerlo. Ahora, cuando decían la ley no regula Internet, la duda que tengo es cual es el objeto de la regulación que se pretende porque una cosa son las telecomunicaciones bajo la Organización Mundial del Comercio y otras son las reglas de UNESCO. En base a las reglas de UNESCO en 2007 los europeos plantean que hay cuatro directivas de telecomunicaciones y una de comunicación audiovisual y lo que regularon son los servicios lineales. Entonces no dicen que no regulamos Netflix y lo empezaron a discutir el 25 de mayo de 2016. Atrasábamos tanto como atrasaban los europeos. ¿La regla de las señales internacionales es de radiodifusión o es convergente? Eso nos lleva a discutir de qué hablamos cuando hablamos de convergencia. Es de servicio, es convergencia de empresas o si son operadores que hacen más de un servicio que es el modelo español. Ahora se quiere regular Internet y los contenidos que van por Internet, eso implicaría ponerle cuota de producción como quieren hacer los europeos a los servicios y hace unos años no había consenso en ningún lugar del mundo para que eso fuera así.
Nota de Emilia Racciatti
FUENTE: Revista Zoom
