Sin estridencias, y con una moderada exposición mediática hasta el momento, el 6 de octubre asumirá el nuevo Relator para la Libertad de Expresión, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, en remplazo de la colombiana Catalina Botero, por un período de tres años. Abogado y periodista, nacido en Uruguay, Lanza fue elegido en un proceso que comenzó en diciembre pasado y en el que se presentaron 49 postulantes.
De bajo perfil, el relator designado visitó la Defensoría del Público de Argentina a mediados de este mes para reunirse con su titular, Cynthia Ottaviano. También mantuvo encuentros con representantes de organismos similares de la región y Canadá, horas antes de la concreción del Primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de la Audiencias, en Buenos Aires. Y dialogó con Tiempo Argentino.
–¿Cuáles son los principales desafíos y problemas que deberá afrontar la Relatoría?
–Es bastante heterogénea la situación de la libertad de expresión en los países de la región. Tal vez en el Cono Sur la violencia contra periodistas, los asesinatos, la impunidad de crímenes contra la libertad de expresión no son un flagelo, como ocurre en las regiones de Centroamérica y Los Andes, donde es un problema estructural. Ahí, la Relatoría tiene la obligación de prestarle prioridad. Después hay una discusión importante sobre el rol de los sistemas de medios de comunicación y el sistema democrático. Me parece que está bien que la región discuta sobre libertad de expresión y diversidad, pluralismo, concentración, sistemas de medios, porque justamente son democracias consolidadas y lo que hacen es debatir públicamente, reflexionar, aunque tenemos que estar muy atentos a que las soluciones no supongan limitar el goce de la libertad de expresión. El Congreso de cada país definirá si tienen que haber o no algún tipo de regulación. Obviamente siempre dentro del umbral que significan las construcciones que han hecho los sistemas interamericanos y universal de Derechos Humanos.
–¿Cuál es la agenda pendiente en lo inmediato?
–Internet y la libertad de expresión ya no es una discusión del futuro, sino del presente. La CIDH acaba de aprobar un informe, realizado por la actual relatora, sobre Internet y Libertad de Expresión con una guía muy clara sobre cómo se deben construir las regulaciones en materia de internet y qué obligaciones positivas tienen los países en cuanto a la protección de la libertad de expresión en ella. En este caso tenemos por delante un trabajo de promoción y de difusión de esos estándares (…). Después, el sistema interamericano fue promotor del acceso a la información pública en toda nuestra región. Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil y algunas provincias argentinas ya tienen leyes de acceso a la información pública, ojalá que también el Estado argentino se pliegue a esta idea rápidamente. El acceso a la información pública constituye un cambio histórico en la relación entre Estado y ciudadanos.
–¿Persisten mecanismos de censura indirecta en la región?
–En países democráticos, la supresión de los mensajes en forma radical, como lo hace una dictadura, no deberían ser posibles. Pero hay que estar atentos, por ejemplo, a que el uso de la publicidad oficial o los recursos del Estado puedan interferir en la libertad de expresión y el uso de mecanismos legítimos para influir en el flujo informativo.
–¿Qué análisis hace de los tipos penales aplicados a las protestas sociales bajo el concepto de terrorismo, como el caso de la protesta mapuche en Chile?
–La CIDH se pronunció sobre la criminalización de la protesta de los mapuches. Dijo: “No puede ser que dirigentes sociales de pueblos indígenas hayan sufrido prisión.” O sea, es incompatible con la libertad de expresión criminalizar a dirigentes de los indígenas por el hecho de protestar, digamos pacíficamente aunque en forma robusta, por la participación de temas ambientales.
–¿Qué evaluación hace de las legislaciones y reformas legislativas sobre medios de comunicación en la región?
–América Latina tenía un rezago en materia de legislación sobre medios audiovisuales, en particular aquellos que utilizan el espectro de radio y televisión, que es un patrimonio común de la humanidad. Estoy hablando de temas como el acceso a las frecuencias y la transparencia en los concursos públicos para asignar estas. O sea, esos temas están pendientes de resolución en muchos países de la región. Por lo tanto, es saludable que los países empiecen a discutirlo. (…) Por otro lado, el 97, 98% de las noticias que consumen las personas siguen siendo producidas por los medios de comunicación masivos tradicionales, que además hoy convergen en distintas plataformas. Por tanto, siguen siendo temas prioritarios para la Relatoría.
–Durante su mandato, varias de esas legislaciones cumplirán cuatro o cinco años de vigencia, ¿qué balance realiza de ellas?
–Es el momento de ver cómo funcionaron y cómo se aplicaron. Me preocupa es que se cumplan los cometidos que trazaron esas leyes, que no sean usadas como instrumentos políticos sino como un instrumento de democratización de la palabra. Entonces, ¿se entregaron o no frecuencias de modo transparente? ¿El sector comunitario accedió a medios de comunicación? ¿Se logró una desconcentración de la propiedad o apenas cambió una concentración por otra? Hay que evaluarlo.
Fuente: Tiempo Argentino
