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Incentivos para el trabajo registrado

Incentivos para el trabajo registrado

Diputados avanzó para convertir en ley el nuevo régimen de promoción del trabajo registrado, que ofrecerá beneficios a empresas de hasta 80 empleados para combatir el trabajo en negro, que hoy afecta a casi un tercio de los trabajadores asalariados. La propuesta, que incluye un registro de infractores y aumenta las sanciones, contaba con amplio apoyo opositor.

El proyecto crea un régimen diferencial para empresas de hasta cinco empleados, que deberán abonar la mitad de los aportes patronales por cada uno de ellos. En caso de extenderse hasta dos empleados más, estos se encuadrarán en el régimen general, pero no perderán los beneficios por los cinco trabajadores iniciales.

Por otro lado, para las pequeñas y medianas empresas, se establece un régimen temporal de reducción de contribuciones para nuevas contrataciones: las empresas con hasta 15 trabajadores no ingresarán contribuciones durante el primer año, e ingresarán apenas el 25% en el segundo; las empresas con entre 16 y 80 trabajadores, ingresaran solo el 50% de las contribuciones durante los primeros dos años.

La propuesta que había bajado el Poder Ejecutivo y que fue defendida en el Congreso por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, extendía los beneficios para grandes empresas que inscriban nuevos empleados, pero por pedido de la oposición se acortó a firmas cuyo personal no supere las 80 personas.

“No hay trabajadores micro, pequeños, medianos o grandes; son todos trabajadores y son todos iguales. Las distintas son las empresas. A eso apunta este proyecto. A defender a las microempresas, calificándolas como aquellas que tienen hasta cinco trabajadores”, explicó Héctor Recalde (FPV), miembro informante del oficialismo.

Este fue uno de los puntos que criticó Claudio Lozano (Unidad Popular), uno de los que votaba en contra del proyecto. Según su visión, el desarrollo tecnológico o actividades puntuales permiten que un empresario consiga grandes ganancias con pocos empleados. E, igualmente, accedería a los beneficios. Para esto, exigían incorporar otros ítems, como los niveles de facturación o el registro de propiedad, para poder acceder al recorte de aportes, más allá de cuántos empleados tenga.

Otro aspecto central del proyecto es la creación del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten menores de edad de forma ilegal o que incurran en delitos de trata de personas. En estos casos, además de las sanciones existentes (y que se incrementarán con un proyecto que también se aprobaba anoche), se sumarán restricciones que irán desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.

La iniciativa, a su vez, busca a través de dos artículos evitar la desfinanciación de la Anses por la pérdida de ingresos en aportes patronales. Ese hueco fiscal en la caja previsional deberá ser cubierto por el Estado nacional. También crea una oficina especial de inspección de trabajo en negro en sectores complejos, donde participarán los ministerios de Trabajo y Economía, la AFIP y la propia Anses.

Domínguez destacó los efectos positivos
El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, aseguró ayer que “los trabajadores son la razón de ser de nuestra identidad política”, al referirse al proyecto de ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral.

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner siempre caminaron al lado de los sueños del movimiento obrero, como lo hizo Perón -continuó- y nos enorgullece que la tasa de desempleo actual sea una de las más bajas en los últimos 20 años, pero también tenemos que garantizar que los trabajadores accedan a todos sus beneficios, y eso es lo que esta ley viene a regular”.

El líder del Grupo San Martín señaló que la cantidad de trabajadores declarados a la seguridad social creció un 92 por ciento entre el 2002 y el 2012. “Esta formalización laboral beneficia a todas las familias y fortalece las capacidades del Estado para prevenir y sancionar el incumplimiento de las normas de trabajo”, sostuvo.

Fuente: BAE

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Redacción
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