La Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación recibió a especialistas, representantes gremiales y asociaciones de diferentes regiones del país, con el objetivo de escuchar su postura respecto a la Ley de Comunicaciones Convergentes. Aquí reproducimos algunas de las opiniones expuestas:
“Hay 20 mil puestos de trabajo en peligro. No puede prevalecer un esquema de negocios llevándose puesto un esquema de comunicación social. En un mercado como las comunicaciones la asimetría es enorme”, expresó el compañero Gustavo Bellingeri, Secretario Gremial del SATSAID.
María Victoria Cherñajovsky, directora de cine e integrante del colectivo de mujeres autoconvocadas del cine, dijo que “estamos ante una situación de peligrosidad porque la ley no contempla ningún tipo de obligación para la producción de contenidos argentinos. Brasil obliga a Netflix a producir películas locales, por ejemplo”.
“Se está obviando un aspecto central como la vulnerabilidad de PyMEs y sector público. Hay que regular para todos y no para los sectores de mayor peso”, sentenció Daniela Monje, especialista de la Universidad Nacional de Córdoba.
Santiago Marino, director de la Defensoría del Público, organismo que se encuentra acéfalo, manifestó que “la ley avanza desde la perspectiva del mercado y limita al usuario como mero consumidor”. También pidió “tarifa social para internet”.
“En defensa de los pequeños cable operadores y de los trabajadores de esos servicios que con esfuerzo se brindan a diario en todos los pueblos y ciudades de nuestra provincia es que no estamos de acuerdo con el proyecto de la denominada Ley Corta de Telecomunicaciones y una vez más llamamos a que el Estado Nacional regule para todos y no para los sectores de mayor peso o poder en las telecomunicaciones”, expuso Oscar Trucco, Subsecretario de Telecomunicaciones de Santa Cruz.
El secretario de Telecomunicaciones de Entre Ríos, Carlos Bilbao, solicitó modificar el proyecto de ley, en el sentido de “proteger” a las 52 empresas cableoperadoras que funcionan en su provincia. “Nos genera incertidumbre las asimetrías que produce la ley que vino del Senado”, advirtió. “El proyecto no contempla al usuario y a los contenidos regionales y puede promover la concentración del mercado”.
Fuente: “Señales”
