El sindicato se movilizó en rechazo al veto presidencial contra la recomposición a los haberes jubilatorios.
El SATSAID se movilizó, este miércoles, a Plaza Congreso en rechazo al veto de Javier Milei a la ley que modifica la fórmula previsional en favor de los jubilados y jubiladas. De la misma forma que sucedió con la votación de la “Ley Bases”, el gobierno nacional consiguió avanzar sobre los derechos de nuestro pueblo militarizando las calles, comprando voluntades de legisladores y así logró sostener el veto en la Cámara de Diputados. Encabezados por nuestro secretario General, Horacio Arreceygor, y encolumnados junto a los compañeros y compañeras de la Corriente Federal de Trabajadores, nos movilizamos para acompañar el debate en el recinto para dar testimonio de nuestro más profundo rechazo al ajuste.
En representación de nuestro gremio también estuvieron presentes el secretario General Adjunto, Hugo Medina; el secretario Gremial, Gustavo Bellingeri; el secretario de Interior, Horacio Dri; la secretaria de Cultura, Mariana Vincent; la secretaria de la Mujer, Marianela Mel; el secretario de Previsión Social, Marcelo Abed; el secretario de Técnica y Estadísticas, Sergio Sanabria; el prosecretario Gremial, Pablo Storino; la prosecretaria Administrativa, Graciela Gregorutti; la prosecretaria de Prensa y Difusión, Yamila Fernández; los vocales del Consejo Directivo Nacional Roberto Clerf, Claudio Maidana y Marcelo Martínez; y delegados y delegadas del AMBA.
La ley que el gobierno nacional vetó fue fruto de un intenso debate entre distintos bloques de la oposición, que se sintetizó en una norma que hubiese mantenido la actualización mensual por inflación, hubiese otorgado un aumento acumulativo de 8,1%, hubiese otorgado un bono al haber mínimo que no iba ser inferior a 109% de la Canasta Básica Total por adulto ($317.704 en septiembre), y hubiese agregado aumentos anuales por encima de la inflación si la economía crecía y los salarios mejoraban.
Bajo la premisa de que “no hay plata”, el gobierno de Milei decidió que el mayor costo del ajuste brutal que están llevando adelante lo paguen nuestros jubilados y jubiladas. El 27% del recorte del gasto público pesó sobre la pérdida del poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores retirados, más aún de lo que significó el recorte en la obra pública. Esto se suma al inexplicable congelamiento del bono de 70 mil pesos que, naturalmente, mientras más se demora su pago, más se licúa su valor.
El exiguo aumento que significaba la aprobación de la ley vetada, lejos está de lo que nuestra organización gremial considera que merecen las compañeras y compañeros jubilados. Sin embargo, ante este escenario económico de catástrofe, significaba una compensación que al menos servía para recuperar poder adquisitivo. El costo fiscal de esta medida representaba el 0,4% del PBI: menos de lo que significó la quita de los impuestos a los ricos con Bienes Personales.
