Dos días después de ser anunciado, el decreto de necesidad y urgencia “para la protección de la libertad de prensa y expresión” en la Ciudad de Buenos Aires, firmado por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, el DNU fue judicializado por cuatro recursos de amparo.
La legisladora porteña por Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, acompañada por sus compañeros de bloque Delia Bisutti y Edgardo Forn, presentó ayer por la mañana un amparo para que el DNU se declare “nulo de nulidad absoluta”. El bloque de Nuevo Encuentro busca detener la aplicación de la iniciativa macrista porque “excluye a la Ciudad de cumplir con las leyes nacionales, arroga al distrito facultades para cobrar o no impuestos y prohíbe el derecho de huelga de los trabajadores de prensa”. El recurso recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Nº 8, a cargo de Osvaldo Otheguy.
Según la presentación judicial, el decreto viola “los artículos 14, 16, 75, inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional, artículos 1, 11, 12 (párrafo 2), 32 y 47 y 103 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otras convenciones y tratados internacionales de Derechos Humanos (…)” Por todo esto, Cerruti solicitó que se “dicte una medida cautelar suspensiva del DNU”.
La periodista Cynthia García hizo lo propio ante el mismo fuero. El argumento que esgrimió es que si un periodista tiene un crédito laboral con alguno de los medios donde trabaja (por ejemplo, si le gana un juicio laboral) y la empresa no puede pagarlo, no podría ejecutarse ninguna sentencia en favor del trabajador. “El DNU en su artículo 16 establece una suerte de suprajurisdicción, que impide la intervención de los tribunales laborales. En definitiva, se correría el riesgo de no poder cobrar la deuda porque, según el decreto, se perjudica la actividad”, explicó García en diálogo con este diario.
Además, la panelista de 6,7,8 objetó en su presentación el artículo 11 del decreto de Macri porque “afecta el derecho a huelga”. El recurso de García recayó en el Juzgado 22 a cargo de la jueza María Rosa Cilurzo.
Por su parte, la Radio Comunitaria Cooperativa Riachuelo solicitó que se detenga la aplicación del DNU porque se considera particularmente damnificada. En su amparo, sostuvo que el decreto vulnera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, por tal motivo, la radio perdería el beneficio que la legislación le otorgó, al reconocer legalmente el funcionamiento de los medios que no operaban oficialmente dentro del espectro radioeléctrico.
La ONG Centro Nueva Tierra presentó un cuarto amparo en representación de la sociedad y en defensa del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía porteña “que tiene derecho a mayor diversidad y pluralidad informativa”.
En este orden de cosas, se presentó hasta una denuncia penal por “falsedad ideológica” contra el alcalde porteño. Lo hizo el abogado Marcos Mayo ante el Juzgado Federal Nº 8 a cargo del magistrado Marcelo Martínez Di Giorgi, según informó Télam. “A mi entender –sostuvo el letrado–, el decreto de Macri apuntó simplemente a intervenir en una contienda político-económica cuando se está en vísperas de una elección nacional y de un fallo de la Corte Suprema de la Nación referido a la constitucionalidad de la Ley de Medios que hace que en estos días se sucedan operaciones mediáticas de todo tipo y color.”
Con este marco, el DNU llegó a la Legislatura porteña, donde deberá ser ratificado o rechazado en un lapso de 30 días. De no tomarse ninguna decisión, perderá vigencia. El macrismo fijó el próximo 30 de mayo como fecha para la discusión en el recinto. La bancada oficialista confía en un trámite sin mayores dificultades. “Sobran los respaldos para poder refrendarlo”, explicaron en el gobierno porteño.
“El DNU es un disparate, tendrá una vida efímera”, había asegurado el constitucionalista Roberto Boico. Consultados por este diario, especialistas en la materia sostuvieron que los artículos inconstitucionales del DNU son, por lo menos, siete porque vulneran, como mínimo, cinco artículos de la Carta Magna: 14, 16, 17, 31 y 75. El artículo 11 del decreto afecta el derecho a huelga, mientras que el 5 podría contradecir la Convención Americana de Derechos Humanos, el 7 el Código Civil y el 25 la Constitución de la Ciudad.”
Scioli
Daniel Scioli salió a criticar el Decreto Clarín. “La Constitución Nacional es muy clara y contundente”, dijo el gobernador, al ser consultado sobre la atribución que pretende arrogarse el PRO, junto con un amplio sector de la oposición porteña, en materia de legislación sobre libertad de expresión y la actividad comercial de las empresas periodísticas.
“La Constitución está por arriba de cualquier decreto o de cualquier ley”, señaló Scioli. Y aclaró que se refería tanto a la Carta Magna nacional como a la bonaerense. Para el mandatario, todo lo que respecta a la regulación de la actividad informativa, cualquiera sea su soporte, es una atribución federal.
Pese a no nombrarlo, Scioli dejó en claro que no comparte la estrategia adoptada por Mauricio Macri para terciar, en favor del monopolio, en el enfrentamiento entre Clarín y el gobierno nacional. “Una persona del Estado no puede tomar decisiones en base a rumores”, señaló. Lo que ocurre es que, según admitió el propio alcalde, fueron versiones sobre un presunto intento oficial de intervenir Clarín lo que lo llevó a firmar su polémico DNU.
Fuente: Tiempo Argentino
