La iniciativa fue impulsada por la seccional local del SATSAID.
La ciudad de Las Heras se convirtió en la primera de Santa Cruz en aprobar una ordenanza que obliga a las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, acceso a internet, televisión y contenidos audiovisuales a contar con una oficina de atención al público con asiento en la localidad. La iniciativa, presentada por la seccional Santa Cruz del SATSAID, conducida por el compañero Jorge Álvarez, ya comenzó a ser tratada en otras ocho localidades de la provincia.
La norma fue aprobada el jueves pasado por el Concejo Deliberante local, con el acompañamiento de los concejales Gómez, Pacheco Vera, Trotta y Monteros. La disposición establece que toda empresa que opere dentro del ejido municipal deberá disponer obligatoriamente de un espacio físico habilitado por el municipio, con el objetivo de garantizar una atención al cliente adecuada y una respuesta efectiva ante reclamos.
El texto sancionado también exige que el personal afectado a la atención al público se encuentre debidamente registrado, de acuerdo con la normativa laboral vigente y bajo el convenio colectivo correspondiente a la actividad. Además, las empresas deberán contar con los medios técnicos y operativos necesarios para asegurar la correcta recepción y gestión de las demandas de usuarias y usuarios.
Para las compañías que ya se encuentran trabajando en la localidad y no cumplan con lo establecido, la ordenanza fija un plazo máximo de ciento veinte días corridos para adecuarse a la nueva exigencia.
“Esto es una ordenanza que va a proteger a trabajadores y trabajadoras, y también a las empresas que se asienten en la ciudad”, destacó el congresal santacruceño del SATSAID presente en la sesión, Hamer Angel, y agregó: “Muchas veces hacemos hincapié en que las empresas petroleras estén radicadas en Las Heras para garantizar mano de obra local; este proyecto pretende lo mismo, pero en telecomunicaciones e internet, entre otros”.
La aprobación de esta ordenanza constituye un paso importante para defender derechos laborales, mejorar la calidad del servicio y exigir que las empresas que lucran en el territorio también asuman responsabilidades concretas frente a la comunidad.
