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Sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa

Sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa

Córdoba

“En su medida y armoniosamente”

Por Héctor P. Recalde

Sería pecar de ingenuo pensar que no iba a sufrir ataques personales a partir de proyectos de mi autoría que tocaron varias vísceras sensibles. Veamos: ¿Se acuerda de los vales alimentarios o tickets canasta? Durante dieciocho años no aportaron nada al sistema previsional. Sólo la mitad de ese lapso derivaron una parte de sus ingresos (14 por ciento) a los recursos relativos a las asignaciones familiares. Su eliminación hoy representa para el fisco mil seiscientos millones de pesos. Eso significa que ya desde 1989 varios bolsillos –no del Estado ni de los trabajadores– se llenaron con unos veintiún mil millones de pesos . ¿No es poco verdad? En realidad, no fueron tantos los proyectos propios que se convirtieron en ley, seguramente por aquello que decía el general Perón de que las cosas hay que hacerlas “en su medida y armoniosamente”. Como participo de esa metodología se podría comparar lo hecho con lo que falta hacer. Lo sorprendente es que para algunos sectores económicos no hay parangón que les venga bien.

Tal vez otro proyecto que molestó fue que en caso de duda el juez laboral esté a favor del trabajador. Esto ni siquiera fue una creación normativa del peronismo que luego hiciera desaparecer la dictadura. Es el favor debilis del derecho romano (art. 9 LCT). O aquel otro que presume que el trabajador voluntariamente no le regala derechos a su empleador.

Tal vez las quejas tengan en cuenta la vertiginosidad de los cambios que propuse. Por ejemplo que la jornada de trabajo se limite a las 8 horas diarias o 48 horas semanales (art. 198 de la LCT modificada por la ley de empleo de 1991, y art. 3º Ley 11.544). Después de todo, sólo pasaron 120 años desde que el movimiento obrero argentino lo viene reclamando, o sea ni siquiera un bicentenario. Espero que nadie considere un ataque a la libertad de prensa la ley que elevó de tres a cuatro feriados nacionales por año los que gozarán nuestros compañeros canillas al consagrarse el 7 de noviembre, en homenaje a Florencio Sánchez, como Día del Canillita.

Todos sabemos que hay trabajos muy duros, desarrollados en zonas inhóspitas. La Ley 26.176 disminuyó el Impuesto a las Ganancias que, entre otras causas, por esas razones benefició a los trabajadores petroleros, proyecto que, como muchos otros, suscribiera el bloque oficialista que con orgullo integro. En el contrato de trabajo, universalmente la doctrina ius laboralista parte de la base de la existencia de desigualdades entre patrón y obrero, que deben ser corregidas por el amparo legal. La excepción fue la dictadura militar y no creo que se invoque esta fuente para criticar mi proyecto (art. 17 bis de la LCT)

Por suerte, con la ley que impide que los bancos les cobren comisión a los más de siete millones de trabajadores que tienen cuentas sueldo, comparto “culpas” con el diputado Norberto Erro.

La Corte Suprema dijo que era inconstitucional el tope legal puesto a las indemnizaciones por despido. Qué mejor seguridad jurídica que la de corregir la ley inconstitucional para evitar juicios laborales innecesarios y contraproducentes. Esto puede disgustar a algunos, pero el llanto debe mojar la calle Talcahuano, no la Avenida Rivadavia.

Finalmente quiero referirme a un anteproyecto de ley que estoy elaborando, haciendo interconsultas con aportes de especialistas de varias disciplinas, relativo a un derecho constitucional: participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. En la reforma de 1957, proscripto el peronismo, se sancionó, entre otros, este derecho de los asalariados. Me parece que ningún derecho constitucional debe ser letra muerta. Estoy dispuesto a ver, mediante un amplio debate, cómo se implementa, ya que no se podría discutir su procedencia porque está garantizado por la Constitución Nacional, pero sí sus alcances. Creo que tal vez su mera enunciación asuste, pero no es ésa mi intención. Prefiero el diálogo razonable para ver cómo la regulación legal de un derecho que por sí debería ser operativo, puede ser viabilizado en beneficio de los trabajadores, también de las empresas, de la inversión, de incentivos a la producción y del pueblo en su conjunto. La idea es que contribuya a una sociedad más igualitaria, más solidaria y más justa.

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Redacción
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