El grupo Telefónica podría recurrir a la justicia si el Gobierno finalmente lo obliga a desprenderse de Telefe para cumplir con la Ley de Medios. La posibilidad es barajada por autoridades de la filial local del holding español como alternativa a que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) le impida mantener el control sobre Canal 11 de la Ciudad de Buenos Aires y otras ocho señales en el interior argumentando que la norma prohibe a una prestadora de un servicio público como el de telefonía ser titular de licencias de TV.
Las demoras por parte del organismo que preside Martín Sabbatella en tratar la propuesta de desinversión presentada por Telefe el 7 de diciembre de 2012, y las opiniones públicas y privadas de varios funcionarios sobre el futuro de este canal refuerzan la teoría de la judicialización de uno de los pocos procesos de adecuación a la Ley de Medios que todavía no tiene dictamen. Recién, la semana pasada, Sabbatella volvió a referirse al tema. En declaraciones radiales sostuvo que el plan será tratado en la próxima reunión de directorio del organismo. Sin embargo, evitó ponerle fecha a ese encuentro.
De hecho, la última reunión fue el 16 de abril, cuando se trataron temas vinculados con llamados a licitaciones y adjudicaciones de licencias en varias provincias. Y la anterior había sido el 17 de febrero, cuando se aprobó la propuesta del Grupo Clarín que fue presentada un año más tarde que la de Telefe.
En su plan de adecuación, Televisión Federal S.A, propietaria de esta señala y de otros ocho canales de Bahía Blanca, Neuquén, Santa Fe, Rosario, Salta, Tucumán, Córdoba y Mar del Plata, no hace referencia a ninguna vinculación ejecutiva con Telefónica. Plantea la posible venta de los canales 9 de Bahía Blanca y 7 de Neuquén para cumplir con los límites impuestos por el artículo 45 a la posición de mercado. Después de criticar dicho artículo y de asegurar que ?no es claro y puede interpretarse de diferentes maneras?, igual propone desinvertir en ambas señales para no superar el 35 por ciento de posición de mercado que impone la Ley de Medios. Pero solicita la ampliación de la vigencia de las dos licencias que vencen en 2017 por otros 10 años más para hacer mas atractiva una eventual operación de venta.
Sin embargo, la propuesta no hace referencia a los impedimentos que la ley impone a titulares de concesiones de servicios públicos. De hecho, la televisora aseguró en varias oportunidades haber documentado que no posee participación, ni relación accionaria o ejecutiva, con ninguna prestadora de un servicio público. Y fuentes de Telefe insistieron ante El Cronista sobre ese escenario a la vez que rechazaron la posibilidad de recurrir a la Justicia. “No es una alternativa que estemos barajando”, dijeron.
Otros insisten en que Telefe es propiedad de Telefónica de España, a su vez controlante de Telefónica de Argentina, y por ende empresa de servicio público. También aseguran la existencia de documentos firmados en 2001 por el entonces presidente de Telefónica, Carlos Fernandez Prida, reconociendo la titularidad del grupo sobre Telefe y Canal 9. Fue tras un debate abierto en el gobierno de la Alianza por los límites que Telefónica debía cumplir ante la ley de medios y que derivó en el proceso de venta de Canal 9 a Daniel Hadad, en tanto mantuvo Telefe.
Sobre este aspecto, en varias declaraciones públicas Sabbatella ha venido dando pistas sobre su postura. Ha dicho que el dueño de Telefe es el grupo español y no Telefónica de Argentina. Y también que esta empresa no tiene ninguna vinculación societaria con la controlante del canal de televisión. “Telefónica de Argentina no tiene medios en el país”, le dijo en diciembre de 2012 al portal Infobae.com. Sin embargo, desde esos días a la fecha, el Gobierno no terminó de definir la suerte de Telefe.
Fuente: El Cronista Comercial
