Como en una carrera de obstáculos, en la que se pretende ir superando postas, once universidades nacionales se unieron para crear, desde el Observatorio del Sector Audiovisual, una nueva medidora de rating televisivo que alcance a los hogares de toda la población argentina, sin exclusiones. Se trata del Sistema Federal de Medición de Audiencias (SIFEMA), presentado ayer por la presidenta Cristina Fernández.
El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) estuvo en el Salón del Bicentenario para acompañar esta iniciativa del gobierno nacional, en representación de los trabajadores del sector audiovisual.
La evaluadora de rating será pública pero no gubernamental –será gestionada por las casas de estudios–, su actividad será auditable, responderá a los estándares de calidad que los anunciantes exigen en el mundo y, sobre todo, sumará un nuevo protagonista en un sector que hasta ahora estaba monopolizado por la medidora privada IBOPE.
“Parece ser que se mide únicamente lo que se ve aquí en la Ciudad de Buenos Aires, o en el conurbano, pero resulta ser que además hay también otros 20 millones de argentinos que queremos saber qué miran. Y queremos hacerlo a través de una organización no gubernamental, que contemple la medición desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, sobre qué miran y cuáles son los gustos y preferencias”, exhortó la jefa de Estado desde el Museo del Bicentenario.
El anuncio de la puesta en marcha del SIFEMA, que fue precedido por un video introductorio, fue aplaudido por un auditorio colmado, en el que se codeaban actores, periodistas, productores, empresarios y sindicatos. En su explicación, Cristina recordó el vínculo del negocio de medir el rating con la decisión de las empresas de pautar publicidad en determinados programas, y con el costo del segundo publicitario que fijan canales y productoras de TV.
“Este sistema va a ser transparente, de calidad ISO internacional y auditable por lo público y lo privado. Para tener una garantía. Todos, los empresarios primero, deben poder saber que donde pongan la plata, el minuto o el segundo se lo estén cobrando adecuadamente. Y que no los están estafando”, subrayó la mandataria.
El funcionamiento del SIFEMA quedará a cargo de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, San Martín, Lanús, La Plata, Arturo Jauretche (Florencio Varela), Río Cuarto, Jujuy, Salta, Quilmes y Rosario. A esas instituciones académicas, que forman parte del Observatorio del Sector Audiovisual, se podrían sumar otras 20 que se mostraron interesadas en formar parte de la nueva medidora de audiencias. El SIFEMA surgió a partir de un proyecto de la Universidad de San Martín (UNSAM), el sistema PASCAL, por medio del cual ya se está midiendo el consumo televisivo en la Ciudad de Buenos Aires y conurbano (AMBA) utilizando una muestra de 890 hogares y 1700 medidores.
Según lo que se anunció ayer, la nueva medidora de audiencias irá ampliando su cobertura hasta llegar a una muestra final de 9000 medidores. Otra novedad será que permitirá medir tanto televisión analógica como digital, por cable y satelital. Con su ingreso al mercado, el SIFEMA competirá directamente con IBOPE Argentina, filial de la multinacional brasileña que es considerada la tercera medidora de rating del mundo. Cuestionada por diversos canales de aire y por figuras conocidas de la TV, IBOPE concentra sus mediciones en C.A.B.A. y GBA, sumando algunos medidores en Córdoba, Rosario y Mendoza. No mide en el resto del país, tampoco en los cordones que rodean a ciudades como Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
“Se está avanzando en el diseño del panel de instalación de hardware y software, un diseño nacional para poder medir esto con precisión científica, no con el telefonito que nadie sabe si te llamaron. Porque a mí nunca me llamaron. En mi vida he recibido una llamada preguntándome qué estaba mirando”, ironizó la presidenta al explicar los pasos técnicos que está dando la asociación de universidades públicas. Al finalizar el acto, algunos especialistas en temas de medios y opinión pública,la mayoría vinculados a carreras de comunicación, se abrazaban y sacaban fotos. Habían vivido la jornada como un triunfo, acaso una revancha colectiva.
Los anuncios, que también habían incluido un capítulo de desgravaciones impositivas para la industria editorial y aumentos en los montos de subsidios al cine, permitieron que la presidenta rozara el debate sobre la publicidad oficial y la publicidad privada. “El poder de influencia que tiene la publicidad estatal es prácticamente inexistente frente al peso de los privados. El año pasado, el monto total que las empresas privadas gastaron fue de 30 mil millones de pesos. Que fueron, obviamente, a parar a las arcas de los grandes medios concentrados. Esto también hay que decirlo: cuando uno pone publicidad en un medio también está decidiendo qué política”, señaló.
Beneficios impositivos para medios
Dos medidas anunciadas ayer por la presidenta Cristina Fernández tuvieron como destinatarias a las empresas periodísticas gráficas y las productoras de contenidos. El gobierno propuso una modificación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que abonan los diarios, revistas y publicaciones periódicas por su venta y la locación de espacios publicitarios en sus páginas, y una regularización de la situación fiscal ante la AFIP de todos los medios y las productoras de contenidos, a través del canje de hasta $ 100 millones en avisos de publicidad.
Ambos anuncios apuntaron a favorecer las condiciones de competitividad de los medios y productoras pequeñas y medianas. “Todo esto tiene un objetivo, que es ayudar a que las pequeñas empresas puedan subsistir, porque no solamente a través de un instrumento legal se garantiza la pluralidad y diversidad, también se logra ayudando a que los más pequeños puedan competir. Y para que puedan, tienen que tener diferenciaciones impositivas”, remarcó la presidenta.
Entre el público la escuchaban varios empresarios periodísticos que habían sido especialmente invitados al acto en el Museo del Bicentenario: el mendocino José Luis Manzano y su socio Daniel Vila, del grupo Uno Medios; Gustavo Isaack, titular de AFERA y directivo del diario Ámbito Financiero; Sebastián Ferreyra, de Electroingeniería; y Carlos Jornet, del Grupo Clarín y titular de ADEPA, la entidad empresarial controlada por el multimedios, entre otros.
Cristina coló en sus comentarios sobre estos beneficios un dato con el que buscó relativizar la discusión sobre la pauta publicitaria del Estado en los medios. Dijo que la facturación del sector privado fue, el año pasado, de $ 30 mil millones, en su mayoría dirigidos a los grandes medios hegemónicos. “La proporción de la publicidad del Estado frente a la magnitud de la publicidad privada es ínfima. Es prácticamente inexistente la publicidad estatal frente a la de los privados en materia de pretendida influencia”, aseguró.
El proyecto de ley que el gobierno enviará al Parlamento apuntará a estratificar la alícuota que pagan los medios gráficos por su venta y las agencias publicitarias por la locación de espacios en esas publicaciones. Así, en el caso del IVA por el precio de tapa, prevé para el primer tramo, con una facturación de hasta $ 63 millones, una alícuota del 2,5%, para el tramo siguiente, que llega hasta los $ 126 millones de facturación, una del 5% y para el último, que supera ese límite, el 10,5 por ciento.
Actualmente, este porcentaje es el que pagan los medios que facturan menos de $ 42,3 millones por año. Los mayores beneficiados por esta medida son los medios pyme que tienen un esquema de tirada y venta de menor magnitud. En cuanto a la locación de espacios publicitarios, se prevén las mismas categorías que en los medios gráficos, pero la alícuota varía según el importe de facturación anual. En la primera categoría, hasta $ 63 millones, será del 2,5%, en la segunda, de hasta $ 126 millones, será del 10,5% y en la tercera (más de $ 126 millones), del 21 por ciento. En cuanto al pago de deudas con la AFIP, se trata de un decreto que alcanzará a todo el sector de medios y productoras de contenidos que manifiesten su compromiso de regularizar la totalidad de su situación fiscal ante el organismo recaudador.
Se permitirá que hasta un tope de $ 100 millones de sean abonados mediante la modalidad de dación en pago de espacios publicitarios o servicios conexos en las programaciones de emisoras o las publicaciones propias y de terceros, como producción, edición o impresión de material de difusión general “permitiendo al Estado Nacional contar con mayores y diversos recursos que integran el proceso de comunicación pública”.
Fuente: Tiempo Argentino
