En estas \u00e9pocas de cambios tendientes a la democratizaci\u00f3n del Poder Judicial existe la tentaci\u00f3n de adherir u oponerse seg\u00fan prejuicios y posicionamientos previos. Sin embargo, el problema del acceso a la informaci\u00f3n judicial trasciende la coyuntura por su propio peso, tanto en lo que hace al funcionamiento interno de este poder del Estado, como al impacto social concreto de las decisiones que all\u00ed se toman y que influyen de manera directa en la vida de los ciudadanos.<\/p>\n
Para el com\u00fan de los argentinos, el actuar de sus poderes judiciales no es un dato cotidiano. Pero el caso es que se trata de \u00f3rganos p\u00fablicos, estatales por cierto, que funcionan en base al pago de los impuestos y cuyos integrantes emiten todos los d\u00edas actos de gobierno que influyen sobre nosotros a cada momento, aun cuando las causas no nos involucren de manera directa.<\/p>\n
Los procesos judiciales encarnan una disputa simb\u00f3lica dentro de lo que Pierre Bourdieu llama el \u201ccampo del derecho\u201d. En ese espacio judicial opera una verdadera \u201cneutralizaci\u00f3n\u201d de los hechos y los intereses que est\u00e1n en juego, a trav\u00e9s de la abstracci\u00f3n de la realidad y el distanciamiento que se produce al transformar el enfrentamiento directo en un di\u00e1logo entre mediadores. All\u00ed trabajan abogados y funcionarios judiciales, como terceros no involucrados directamente en la disputa. <\/p>\n
Lo que no quiere decir desinteresados. All\u00ed se construyen tambi\u00e9n las tradiciones espec\u00edficas del universo jur\u00eddico, con el resultado habitual de volverlo inentendible para los no especialistas. Por eso es necesario cambiar normas e impulsar pol\u00edticas que brinden m\u00e1s publicidad y transparencia.<\/p>\n
Uno de los elementos sustantivos para la consolidaci\u00f3n o no del hermetismo que mantiene aislado al campo jur\u00eddico es el lenguaje. Porque, incluso en el caso m\u00e1s peque\u00f1o, lo que se discute es la capacidad de imponer principios con alcance universal dentro de un determinado espacio: el poder de nombrar.<\/p>\n
Profundizar la separaci\u00f3n entre legos y profesionales s\u00f3lo contribuye a que el sistema de normas jur\u00eddicas aparezca, tanto para quienes las imponen como para aquellos que las padecen, como independiente de las relaciones de poder que le dieron origen y lo sostienen. Mientras esto no sea reconocido por los operadores jur\u00eddicos, la situaci\u00f3n seguir\u00e1 siendo opaca.<\/p>\n
Una de las consecuencias m\u00e1s graves de este proceso es la consolidaci\u00f3n de un medioambiente supuestamente \u201cnormal\u201d que no admite injerencias ni observaciones desde el conjunto de la sociedad, que no reconoce el derecho de cr\u00edtica sino s\u00f3lo de quienes considera sus pares y que se expresa en un lenguaje oscuro, cerrado e inaccesible para el resto de la sociedad. Consecuencia de ello tambi\u00e9n es la cultura del secretismo y la defensa de la infalibilidad judicial como tendencia mayoritaria entre los magistrados. Por eso se adoptan medidas que cercenan el derecho a la comunicaci\u00f3n.<\/p>\n
El Poder Judicial carga con las expectativas de que los derechos de los individuos y de la sociedad como conjunto se vean satisfechos. Y si act\u00faa o no en funci\u00f3n de estos principios es algo que los ciudadanos tienen derecho a saber. As\u00ed se explica que la necesidad de acceso p\u00fablico a la informaci\u00f3n judicial sea tambi\u00e9n un acto de justicia, porque estamos ante la oportunidad de evitar el ensanchamiento de la brecha entre profesionales del derecho y el conjunto de la poblaci\u00f3n, ampliaci\u00f3n que conspira contra los principios de la democracia y el Estado de derecho. Tal como sostiene J\u00fcrgen Habermas, \u201cen la medida en que los derechos de participaci\u00f3n y de comunicaci\u00f3n son ingredientes esenciales del procedimiento de producci\u00f3n de normas, tales derechos subjetivos no pueden percibirse ni tornarse efectivos a t\u00edtulo de derechos subjetivos privados aislados, sino que m\u00e1s bien ha de observ\u00e1rselos y efectivizarlos en la actitud de participantes de una pr\u00e1ctica de entendimiento intersubjetivo (…). La pretensi\u00f3n de legitimidad de un orden jur\u00eddico s\u00f3lo puede desempe\u00f1arse o resolverse con la voluntad concordante y unida de todos los ciudadanos libres e iguales\u201d.<\/p>\n
Lo que est\u00e1 en juego en nuestro pa\u00eds no es novedoso. Hace mucho tiempo se ha dicho que \u201ccuando un determinado \u00f3rgano de poder queda en cierto modo fuera de la influencia y del control popular, la democracia pierde latitud, aunque no necesariamente por ello deja de ser democr\u00e1tica. En tales casos, de lo que se trata no es forzosamente de propiciar la elecci\u00f3n directa de los jueces por el pueblo, sino de regular el modo como \u00e9stos deber\u00e1n dar cuenta a la sociedad de la importante cuota de poder p\u00fablico que han recibido\u201d.<\/p>\n
Toda consideraci\u00f3n que se haga sobre comunicaci\u00f3n, justicia y sociedad no puede perder de vista el punto de partida de la reflexi\u00f3n: la libertad de informaci\u00f3n como un derecho humano fundamental en un sistema democr\u00e1tico. Y la informaci\u00f3n p\u00fablica judicial no puede ser una excepci\u00f3n a este derecho. Existen normas que garantizan su ejercicio en todo el mundo y que regulan desde las condiciones de publicaci\u00f3n de sentencias en Internet, hasta las etapas de los juicios que pueden ser televisadas en vivo y las condiciones para hacerlo, tomando en consideraci\u00f3n los derechos de los involucrados. Nada de lo que se discute es, en definitiva, tan nuevo. Pero s\u00ed resulta urgente para la consolidaci\u00f3n de nuestra democracia.<\/p>\n
Echar luz sobre lo que ocurre en el interior de los Tribunales debe ser el primer paso para construir una Justicia m\u00e1s leg\u00edtima y cercana en condiciones de acceso y \u2013por qu\u00e9 no\u2013 participaci\u00f3n para todos los sectores, en especial los m\u00e1s vulnerables. Aun cuando para los expertos la cuesti\u00f3n se reduzca a una puja por la monopolizaci\u00f3n del conocimiento jur\u00eddico, todos los actores de este campo debemos tomar plena conciencia de que es imprescindible desarrollar instancias de mayor cercan\u00eda, transparencia y comprensibilidad para que el conjunto de la sociedad pueda reconocer y validar nuestras acciones. As\u00ed lo han hecho los otros dos poderes del Estado, que reconstruyeron su rol democr\u00e1tico y su legitimidad como catalizadores de las demandas sociales y protagonistas de la transformaci\u00f3n, luego de padecer la mayor crisis de representatividad de la historia argentina. La renovaci\u00f3n de la Corte Suprema, que acompa\u00f1\u00f3 ese proceso, hoy aparece como un episodio trascendental que no tuvo un correlato en el interior del sistema de administraci\u00f3n de Justicia. \u201cQue todo cambie para que nada cambie\u201d no fue la premisa de esa refundaci\u00f3n. Mucho menos puede serlo ahora, luego de una d\u00e9cada de ampliaci\u00f3n de derechos.<\/p>\n
Por Dami\u00e1n Loreti y Luis Lozano<\/strong><\/p>\n Loreti es abogado y doctor en Ciencias de la Informaci\u00f3n (Universidad Complutense de Madrid); parte de esta nota fue extra\u00edda de su tesis de doctorado \u201cInformaci\u00f3n, Justicia y Sociedad. La relaci\u00f3n entre los medios de comunicaci\u00f3n y el derecho a la informaci\u00f3n respecto de la Justicia penal\u201d. Adem\u00e1s, Loreti es asesor del Sindicato Argentino de Televisi\u00f3n, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID).<\/p>\n Lozano es licenciado en Ciencias de la Comunicaci\u00f3n. Ambos son docentes e investigadores.<\/p>\n