Seg\u00fan los \u00faltimos n\u00fameros oficiales, casi un tercio de los m\u00e1s de 10.740.000 de asalariados no recibe aportes jubilatorios ni cargas sociales, un porcentaje que representa una mejor\u00eda considerable desde la crisis terminal de la convertibilidad, pero que en los \u00faltimos a\u00f1os se redujo a cuentagotas. Para paliar ese d\u00e9ficit y tal como lo anticip\u00f3 la presidenta Cristina Fern\u00e1ndez, el Ministerio de Trabajo convocar\u00e1 la semana pr\u00f3xima a la Comisi\u00f3n de Empleo que conforman empresarios y trabajadores para discutir un conjunto de cinco iniciativas, entre las que sobresale la creaci\u00f3n de un registro de empleadores, una suerte de Veraz destinado a disuadir a quienes contratan empleo informal.<\/p>\n
Seg\u00fan el documento al cual accedi\u00f3 Tiempo Argentino, la propuesta de la cartera laboral que conduce Carlos Tomada estipula aumentar “la sanci\u00f3n para quienes reiteren la contrataci\u00f3n de empleo irregular y potenciar la condena social como forma de disuasi\u00f3n al fraude laboral”. La creaci\u00f3n del registro fue bien recibida en las filas sindicales. Pedro Wasejko, secretario adjunto de la CTA que conduce Hugo Yasky, consider\u00f3 que “tener un Veraz de las empresas que incumplen es algo positivo, porque se va a saber qu\u00e9 empresarios est\u00e1n en regla y qui\u00e9nes no”. El l\u00edder de los trabajadores de la industria del neum\u00e1tico agreg\u00f3 que “el asunto ac\u00e1 es que, muchas veces, las empresas incumplen y son las primeras que despu\u00e9s le van a pedir ayuda al Estado; por eso, estamos dispuestos a debatir medidas, pero sabiendo qui\u00e9nes est\u00e1n en regla”. Consultado si este tipo de medidas se toman en otros pa\u00edses del mundo, Wasiejko asegur\u00f3 que, “por ejemplo, en Alemania, toda empresa que no hace los aportes a la seguridad social, no recibe un peso del Estado”. Desde el sector empresario, por el contrario, cuestionaron la medida (ver nota aparte).<\/p>\n
La Comisi\u00f3n de Empleo es una de los cuatro \u00e1mbitos de di\u00e1logo tripartito que funciona en el marco del Consejo del Salario M\u00ednimo, Vital y M\u00f3vil que desde hace una d\u00e9cada sesiona al menos una vez por a\u00f1o, pero s\u00f3lo para consensuar la elevaci\u00f3n del umbral salarial.
\nAdem\u00e1s del registro, la cartera laboral buscar\u00e1 dise\u00f1ar una nueva “Unidad Especial de Investigaci\u00f3n del Fraude Laboral” enfocada en la evasi\u00f3n laboral en actividades donde la fiscalizaci\u00f3n se torna compleja con las herramientas habituales, con especial \u00e9nfasis en las subcontrataciones fraudulentas.<\/p>\n
El proyecto tambi\u00e9n busca encarar medidas especialmente dise\u00f1adas para dos de los sectores con alt\u00edsimo nivel de informalidad laboral, esto es, la actividad rural y el trabajo dom\u00e9stico. Entre esas medidas se cuenta la simplificaci\u00f3n registral, nuevas modalidades de inspecci\u00f3n y la utilizaci\u00f3n de herramientas tales como la cantidad de trabajadores m\u00ednimos presuntos. Esas iniciativas se suman a la legislaci\u00f3n implementada durante los \u00faltimos a\u00f1os para mejorar las condiciones en esos \u00e1mbitos, particularmente a partir de la sanci\u00f3n del nuevo Estatuto del Pe\u00f3n Rural en 2011 y del “R\u00e9gimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” aprobado en marzo pasado. Se trata de dos de los colectivos laborales m\u00e1s sensibles a la explotaci\u00f3n y precariedad, a los cuales tambi\u00e9n va dirigida la penalizaci\u00f3n del trabajo infantil impulsada por el oficialismo y sancionada recientemente por el Congreso.<\/p>\n
El plan del Ministerio de Trabajo impulsa tambi\u00e9n un mayor poder de fiscalizaci\u00f3n a lo largo del territorio nacional, para lo cual se estipula contar con un nivel superior de competencias y nuevas herramientas legales para “potenciar la capacidad de control del fraude laboral en todo el pa\u00eds”. La idea es reforzar el Plan Nacional de Regularizaci\u00f3n del Trabajo (PNRT) lanzado a comienzos de la gesti\u00f3n kirchnerista y que, seg\u00fan la cartera laboral, contribuy\u00f3 a reducir el empleo no registrado desde los 50 puntos que alcanzaba en 2003 al 32 por ciento actual.<\/p>\n
El \u00faltimo punto destinado a combatir la informalidad en el v\u00ednculo laboral hace hincapi\u00e9 en una serie de incentivos dirigidos a peque\u00f1os y microempresarios. “La lucha contra el trabajo no registrado es una combinaci\u00f3n de sanciones contra el fraude laboral e incentivos para aquellos peque\u00f1os y microempleadores que usan la no registraci\u00f3n para mantener unidades productivas precarias en lo laboral y econ\u00f3mico”, precisaron el documento. <\/p>\n
UIA acepta, pero con condiciones<\/strong><\/p>\n Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y titular de COPAL, se mostr\u00f3 en contra de una soluci\u00f3n \u00fanica, y aclar\u00f3 que “los punitivos funcionan s\u00f3lo si est\u00e1n articulados con incentivos eficientes”. Agreg\u00f3 que “hay que discutir la informalidad, pero las sanciones tienen que ir acompa\u00f1adas por un sistema de ventanilla \u00fanica para todos, que agilice los tr\u00e1mites; y por una reducci\u00f3n de la presi\u00f3n fiscal”. El empresario, representante del sector corporativo en la Comisi\u00f3n de Empleo en el Ministerio de Trabajo, explic\u00f3 que “hay formas m\u00e1s amigables de reducir la informalidad, como se ha hecho, por ejemplo, en Colombia y Per\u00fa”. Funes destac\u00f3 que “la informalidad en Argentina es una de las m\u00e1s bajas de la regi\u00f3n, pero no me conforma”.<\/p>\n Peones migrantes<\/strong><\/p>\n Organismos de distintas \u00e1reas del gobierno nacional analizaron un plan de abordaje integral a las problem\u00e1ticas de los peones migrantes durante la Tercera Reuni\u00f3n Interministerial para la Promoci\u00f3n de Derechos de los Trabajadores Agrarios. “Se torna imprescindible dise\u00f1ar acciones para intervenir de manera efectiva en las complejas problem\u00e1ticas observadas cotidianamente, como la explotaci\u00f3n laboral, la trata de personas y la vulneraci\u00f3n de los derechos que contempla la Ley 26.727 (R\u00e9gimen de Trabajo Agrario)”, sostuvo el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), que organiz\u00f3 el encuentro.<\/p>\n Durante la jornada se decidi\u00f3 mantener la mesa de trabajo de funcionarios en forma estable, y trasladarla tambi\u00e9n a las representaciones locales que tienen los organismos participantes en cada territorio.<\/p>\n El encuentro determin\u00f3 adem\u00e1s avanzar en la registraci\u00f3n en origen del trabajador migrante, y se program\u00f3 como primera actividad una Jornada de Registraci\u00f3n en Santiago del Estero.<\/p>\n Las cinco iniciativas<\/strong><\/p>\n -Creaci\u00f3n de un registro: el “Veraz” incluir\u00e1 a todas las empresas que han constatado a trabajadores sin registrarlos.
\n-Provincias: el gobierno nacional colaborar\u00e1 con las provincias que carezcan de estructura para realizar los controles laborales.
\n-Incentivos: se busca generar incentivos a las peque\u00f1as y micro empresas que hasta ahora han sostenido su ciclo de negocios sobre la base del empleo no registrado de parte o la totalidad de su personal.
\n-Investigaciones: se crear\u00e1 un equipo especial que investigar\u00e1 el fraude laboral en todo el pa\u00eds, formado por expertos de distintas disciplinas.
\n-Sectores cr\u00edticos: el gobierno nacional establecer\u00e1 los mecanismos para intervenir en forma activa sobre los sectores m\u00e1s cr\u00edticos por la amplitud del trabajo no registrado, como son el servicio dom\u00e9stico y la actividad rural.<\/p>\n